Lili pink, droga y lavado: ¿repite la historia de drogas la rebaja?
El Estado colombiano ha asumido el control de más de 400 locales de la marca Lili Pink, acusada de lavado de activos y contrabando por una cifra que supera los 730 mil millones de pesos. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) se encargará de administrar los bienes incautados, incluyendo inmuebles, vehículos y una sociedad con presencia en 59 ciudades, priorizando la protección de los 2.000 empleados.
Un caso familiar: la sombra de cali
El proceso judicial se asemeja inquietantemente a lo ocurrido con Drogas La Rebaja en la década de los 90, cuando el cartel de Cali utilizaba la empresa para ocultar el origen ilícito de sus ganancias. Expertos coinciden en que se trata de una extinción de dominio, no de una condena, un procedimiento legal que busca determinar si los bienes fueron adquiridos con fondos ilícitos. La Fiscalía General de la Nación, con jueces especializados, investigará el origen de los recursos, pero no se trata de juzgar la actividad comercial en sí misma.
Julio César Rivera, docente del Consultorio Jurídico de la Universidad Politécnico Grancolombiano, advierte que la SAE administrará los activos de forma provisional, protegiendo los derechos de terceros: trabajadores, acreedores, arrendadores y proveedores. Esta estrategia, similar a la empleada con Drogas La Rebaja, busca mantener la continuidad empresarial y evitar el cierre de una empresa funcional.
Más allá de la operación: la clave está en los empleados
Lo que distingue a este caso es el compromiso de preservar los derechos laborales. Las tiendas permanecerán abiertas mientras avanza el proceso judicial, garantizando el sustento de los empleados. La SAE no actuará como propietaria definitiva, sino como custodio temporal, asegurando que la empresa siga operando, aunque bajo control estatal. La persistencia de Lili Pink, similar a la de Drogas La Rebaja, indica una priorización de la economía real frente a la persecución de activos ilícitos.
Si la Fiscalía demuestra la conexión entre los bienes y el narcotráfico, los activos pasarán a ser propiedad del Estado. Pero, como señala Rivera, la prioridad es mantener la empresa en funcionamiento y proteger los derechos de sus trabajadores, un equilibrio delicado entre la lucha contra la corrupción y el apoyo a la economía legal.
La administración de la SAE, lejos de ser un cierre, es una apuesta por la continuidad y la protección de los derechos de los trabajadores, un reflejo de la complejidad de combatir el lavado de activos en Colombia.