Argentina, sistema de pensiones al borde: informalidad y envejecimiento amenazan la sostenibilidad
La Fundación Mediterránea advierte sobre la precaria situación del sistema previsional argentino, señalando que la creciente informalidad laboral y el envejecimiento poblacional lo sitúan en una encrucijada crítica. Un análisis revela que la sostenibilidad ya no depende únicamente de la evolución demográfica, sino de la calidad y volumen de las contribuciones.
El dilema del monotributo: una solución con graves limitaciones
El 44% de los trabajadores argentinos se encuentra en la informalidad, representando más de 9 millones de individuos sin aportes previsionales. Dentro de este grupo, el régimen de monotributo – diseñado para autónomos – ha experimentado un crecimiento exponencial, duplicándose en casi tres décadas, pasando del 9% en 1998 al más de 20% en 2026. Sin embargo, su capacidad contributiva es significativamente inferior a la de los asalariados registrados.
Según el estudio, un trabajador asalariado promedio aporta el 11,2% de su salario, mientras que un monotributista apenas el 1,1%. Esta disparidad se traduce en que se requieren casi 34 monotributistas para financiar una jubilación promedio, en comparación con tan solo 3,5 asalariados registrados. La situación se agrava al considerar la composición de los monotributistas: más de la mitad se encuentra en las categorías A y B, escalones de menor facturación y, por ende, aportes más bajos.
El peso de la demografía y la crisis fiscal
El informe destaca que el envejecimiento poblacional, combinado con la informalidad y la baja contribución del monotributo, genera una presión inmensa sobre el sistema. Se proyecta que la población de 65 años y más aumentará al 17% en 2040, aumentando significativamente la demanda de pensiones y disminuyendo la oferta de aportes.
Actualmente, los ingresos provenientes de aportes se encuentran insuficientes para cubrir el gasto previsional del SIPA, requiriendo transferencias del Tesoro Nacional. En los últimos tres años, el haber medio ha perdido un 13% de su poder adquisitivo, y la jubilación mínima con bono, un 20%. Cerca de un millón de personas de 65 años o más continúan trabajando, una cifra que, lejos de ser un indicador de dinamismo, es un síntoma de la precariedad económica.
La reforma previsional pendiente debe abordar la edad de retiro, las trayectorias laborales, los requisitos de acceso, la determinación de los haberes y, fundamentalmente, la revisión de las bases de financiamiento. Reconocer la transformación del mercado laboral, impulsada por la informalidad y la participación de contribuyentes con bajos ingresos, es crucial para diseñar una reforma sostenible. El diagnóstico de la Fundación Mediterránea revela que la sostenibilidad financiera del sistema se encuentra en grave peligro.